Recientemente ha salido un artículo interesante con el título de «El Gobierno embarga las ayudas a la innovación de pymes y universidades«, publicado por ElEconomista. Llevaba tiempo queriendo dar mi opinión sobre esto, y este artículo me ha motivado a ello, dando testimonio de mi experiencia real sobre este caso.
Siempre he dicho que con sus defectos, como gestiona este tipo de ayudas la Comisión Europea es como debería ser. Intentando minimizar el tiempo en aspectos burocráticos e intentar poner los esfuerzos en verificar los desarrollos técnicos desarrollados en los proyectos. El Ministerio de Industria es lo contrario a esto, y voy a explicar un caso que he vivido recientemente.
Gestioné un proyecto financiado por este Ministerio en el 2010, que duraba tres anualidades 2010-2012, donde participaban varias multinacionales, universidades y PYMEs. En dicho proyecto, en cada una de las anualidades se entregaba al Ministerio como soporte justificativo tanto entregables técnicos como una auditoría (por un auditor ROAC) de cada empresa con los gastos justificados.
En el 2013, al finalizar el proyecto, se hizo un piloto donde vino RTVE y otros medios de comunicación, y se invitó al Ministerio, para que viera de primera mano todo lo realizado. La respuesta fue que no tenían gente para poder ir a ver ese proyecto. Este piloto consistía en un montaje técnico de emisores y receptores de televisión, equipamiento muy diferente para el desarrollo de contenidos inmersivos.
Desde el 2012 el Ministerio ha ido pidiendo información variopinta, y absurda al mismo tiempo, TC1, TC2, justificante de pagos de nóminas y no sé cuantas cosas más, cuando ese tipo de gastos ya habían sido justificados y certificados por un auditor ROAC. Incluso desglosar el justificante de horas de personas a nivel de tarea, cuando es algo que ni si quiere en la convocatoria se pide, además de otras cosas. Todo ese mareo ha durado tres años, cuando en el 2016 llegó una notificación que vendría un auditor (de una de las Big Four) a verificar el proyecto.
Para eso se tuvo que volver a montar todo el proyecto (con las molestias que eso supone cuando en 4 años hay mucha gente del proyecto que ya no estaba en sus empresas, equipamiento que ya estaba obsoleto etc. y porque no decirlo, un coste añadido para las empresas, viajes etc.), para que un junior de una gran auditora viniera, sin entender nada a hacer el paripé.
Señores del Ministerio, como gestionan esto es una vergüenza, pongan un poco de sentido común. En la Comisión Europea, en cada anualidad viene un experto en la materia (no el junior de una auditora) a ver que técnicamente se ha desarrollado algo con sentido y de acuerdo con el coste del proyecto, y no pedir hasta las partidas de bautismo a ver en qué vacío legal pillas a una empresa para quitarle una financiación que en su día fue otorgada.
Como se hacen las cosas, y como se deberían hacer.
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